Presentan publicaciones sobre el Estado en la reforma y modernización del sistema político dominicano

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) presentaron, en cuatro publicaciones, la serie de debates sobre Reforma y Modernización del Sistema Político Dominicano.

Rodríguez Gómez quien es investigador asociado de la FLACSO sustenta sus posturas en la clásica teoría de la separación de poderes postulada por Locke y Montesquieu…

La primera entrega de la serie está basada en el tema «Separación de Poderes y Sistemas de Control: Los Poderes del Estado en la Reforma Constitucional de la República Dominicana», presentado por Cristóbal Rodríguez Gómez.

El autor centró su análisis en el influjo de los principios de legalidad y de supremacía constitucional en el establecimiento de los sistemas de control del poder en las democracias constitucionales del occidente moderno. Rodríguez Gómez quien es investigador asociado de la FLACSO sustenta sus posturas en la clásica teoría de la separación de poderes postulada por Locke y Montesquieu, y en la transformación de dicho principio en un instrumento de control intra-poderes y el posterior salto a la práctica de colaboración armónica entre las distintas instituciones del Estado como elemento que ha devenido consustancialmente al principio en cuestión.

El segundo panel, a cargo del sociólogo Ramón Tejada Holguín, se desarrolló bajo el tema «Partidos Políticos y Transparencia en la Administración Pública».

El experto sostiene que los partidos políticos son agrupaciones necesarias para la articulación de los intereses de la ciudadanía, que se suponen portadores de una visión de cómo debe ser el orden social y la gestión de los bienes públicos.

El expositor aclara que los partidos no son monstruos que actúan fríamente como seres perversos, sino que son hechuras de un sistema político, conformado por el sistema de partidos y el sistema electoral, que puede tener estímulos para que los partidos actúen de manera transparente o de forma opaca.

Mientras, para el tercer número de la colección sobre las Reformas y Modernización del Sistema Político Dominicano contamos con la participación principal de Wilfredo Lozano, con el tema «Nacionalidad, Ciudadanía y Reforma Constitucional en la República Dominicana de Principios de Siglo XXI».

Para el autor, la preocupación por las identidades y el destino de las naciones constituye un eje central de los procesos de globalización. Contra la prédica de la homogenización cultural que impulsaría la creciente mundialización de la economía internacional y la cultura mediática, asistimos a un resurgir del nacionalismo.

…para Wilfredo Lozano la preocupación por las identidades y el destino de las naciones constituye un eje central de los procesos de globalización…

Se refirió al caso de la inmigración haitiana asegurando que el caso no se resuelve con un cambio constitucional. «El problema inmigratorio no es constitucional, aunque si es un condicionante de su manejo la disputa en torno al estatus de los descendientes de los inmigrantes ilegales nacidos en el país. Si confundimos ambos asuntos nos equivocaremos, tanto en la identificación de la enfermedad como en la receta para su cura» dijo Lozano.

La cuarta presentación, bajo el título «Ley de Acceso a la Información: balance y análisis», estuvo a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán.

El jurista plantea que en la República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina, el análisis de la cultura política avanza en la creación de mecanismos formales de derecho político. «Sin embargo, durante mucho tiempo hemos convivido con una zona oscura en la gestión del poder político y los mecanismos de representación, como ha sido el manejo de información de vital interés para toda la ciudadanía por parte de un pequeño y selecto grupo de funcionarios, con criterios de secretismo y discrecionalidad absolutas».

Entiende que hay un avance lento en la aplicación de la Ley 200-04, sobre todo en lo relativo a la instalación de las estructuras que garantizan el acceso a la información, como son las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), y la designación de los Responsables de Acceso a la Información (RAI) en las instituciones que quedan bajo el ámbito de aplicación de la ley. Explica que otro aspecto en el que las instituciones muestran dificultades es en el cumplimiento del artículo 3 de la Ley, que establece la obligatoriedad de que el Estado ponga a disposición de la ciudadanía información de oficio.