Conclusiones del Diálogo Nacional Interministerial sobre Cambio Climático

El Diálogo Nacional Interministerial sobre Cambio Climático, organizado por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y el Consejo Nacional para Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el patrocinio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se llevó a cabo en Sto. Domingo, del 2 al 4 de septiembre de 2009. El Diálogo contó con la participación de cerca de 175 representantes de Ministerios, de Parlamentarios, de Gobiernos Regionales, así como otros organismos públicos como Defensa Civil, la Oficina Nacional de Meteorología, Autoridades Nacionales del Agua, Banco Central y de la Banca Privada y Asociación de Industrias y organizaciones no gubernamentales, de la academia, de institutos de investigación, y del sector privado. También estuvieron presentes representantes de agencias técnicas de cooperación internacional.

El Dialogo Interministerial es la primera fase del proyecto en la República Dominicana, a través del cual se busca crear un diálogo nacional sobre cómo hacer una planificación integrada en los principales sectores y ministerios y discutir las prioridades nacionales para hacer frente al CC.

Estas discusiones forman parte del Proyecto de “Desarrollo de la Capacidad para Encargados de la Formulación de Políticas” bajo el patrocinio del Grupo de Medio Ambiente y Energía del PNUD, el cual tiene los siguientes objetivos: Estimar los flujos de inversión necesarios para enfrentar el CC en sectores claves; proveer resultados para las negociaciones internacionales en CC y contribuir a desarrollar políticas y medidas para hacer frente al CC en sectores claves. El Dialogo Interministerial es la primera fase del proyecto en la República Dominicana, a través del cual se busca crear un diálogo nacional sobre cómo hacer una planificación integrada en los principales sectores y ministerios y discutir las prioridades nacionales para hacer frente al CC. Este diálogo sirve de marco para iniciar los trabajos del proyecto.

Durante el Diálogo se discutieron la gobernabilidad y la planificación integrada de largo plazo en relación con el CC, y se examinaron cuestiones relativas a los avances en las negociaciones internacionales de cambio CC, en particular los referidos a los pilares del Plan de Acción de Bali. Asimismo, se consideraron los asuntos relativos a la evaluación de los flujos de inversión y financieros para lograr la mitigación en el sector energético y la adaptación al CC en los sectores turismo y agua.

RESUMEN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Generales:

Fomentar una visión nacional integral para atender al desafío que el cambio climático implica para la sociedad.
Al respecto, se deben considerar las prioridades nacionales de promoción del desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la conservación del ambiente; introducir la temática del cambio climático en todos los niveles educativos, comenzando por el inicial e incluyendo el informal y concienciar a la ciudadanía en general. El cambio climático como factor deberá incorporarse a todos los programas y proyectos de las instituciones gubernamentales.

Consolidar las capacidades nacionales para la planificación en el ámbito público como en el privado.
Al respecto, se recomienda mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto público y el fortalecimiento institucional de los programas en marcha, el desarrollo de políticas y estrategias a largo plazo, así como promover la participación de actores públicos y privados involucrados en la lucha contra el cambio climático en las actividades en dichos programas. Para lograr este fortalecimiento se deberá fomentar la cultura de la coordinación mediante un proceso de integración de abajo hacia arriba, así como asegurar la centralización y la plena difusión pública de la información disponible.

Empoderar los gobiernos locales para facilitar la lucha contra el cambio climático en los distintos niveles espaciales y jurisdiccionales de gobierno, con el mayor consenso social en las acciones.
Se recomienda la actualización y armonización del marco legal nacional en lo concerniente al cambio climático para fortalecer y asegurar su implementación. Asimismo, impulsar la valorización del patrimonio natural en todos los sectores en forma transversal incluyéndolos en los respectivos presupuestos, e insertar la perspectiva del cambio climático en el marco de orientación del desarrollo nacional. Se recomienda que el país implemente sus Planes Nacionales de Adaptación (PNA) y sus Medidas de Mitigación Apropiadas (MMAP), y que se realice el enfoque integrado de todos los recursos y la coordinación en los niveles horizontales y verticales (sectorial, local, social y cultural). Para realizar estas tareas se considera que el ordenamiento territorial es una herramienta idónea, por lo tanto se recomienda la elaboración, revisión y aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y la aprobación urgente de la Ley General de Aguas. Se consideró igualmente necesaria la aprobación del marco legal para el pago de bienes y servicios ambientales.

Asegurar la capacitación y participación de los expertos del sector público, científico y tecnológico en las sesiones de negociación internacional sobre cambio climático.
Para ello se debe asignar las correspondientes partidas presupuestarias necesarias, así como también instar y capacitar a representantes de la sociedad civil y de las actividades productivas para participar en dichas negociaciones. Las estimaciones de las necesidades de inversión y financiamiento para adaptación y mitigación del cambio climático en los diferentes sectores, y la gestión de los recursos necesarios, deben formularse a través de mecanismos de participación del sector privado y las regiones.

Promover la transferencia tecnología para afrontar el desafío del cambio climático.
Se debe definir las tecnologías para la adaptación y mitigación que el país necesita desarrollar de acuerdo a los sectores económicos estratégicos y promover la cooperación y transferencia de tecnología.

Asegurar el financiamiento necesario para hacer frente al cambio climático.
Considerando los cálculos de la Convención Marco sobre el financiamiento que se requiere para implementar las medidas de adaptación y mitigación al CC que están en el orden de los US$ 200 mil millones anuales hasta el año 2030, será necesario identificar las prioridades de financiamiento para adaptarse al CC, planificando integralmente las políticas de inversión con visión de sostenibilidad y flexibilidad. De igual forma se debe llevar a las negociaciones de Copenhague una propuesta innovadora para la creación de fondos internacionales que permitan a países como República Dominicana, altamente vulnerables al cambio climático, acceder a estos fondos suficientes y de fácil acceso.

Enfocar los esfuerzos en las comunidades más vulnerables
El cambio climático tiene impactos directos sobre la población. De esta, los sectores de menos recursos resultarán más afectados. Las políticas y programas de gobierno deberán contemplar en forma específica la atención a los grupos más pobres. En estas acciones es necesario asignar en forma perentoria recursos financieros.

Por sectores:

SECTOR ENERGIA:

Se identificaron 4 tipos de barreras para la implementación la mitigación en el sector energético:

Financieras: El precio de la energía producida por combustibles fósiles no representa el costo real de producción o abastecimiento, lo que conduce a un elevado consumo y afecta las posibilidades de uso de energías alternativas. En la actualidad existen medidas que estimulan al subsidio de las fuentes fósiles, más no así para la energía generada a partir de fuentes renovables o carbono neutral. Igualmente, existen pocos recursos para apoyar la investigación que contribuya a la diversificación energética.

Institucionales: Se hizo hincapié en la debilidad institucional del sector energético. La segregación de funciones y el solapamiento de atribuciones en materia de energía y de transporte, constituye una de las dificultades para la implementación de acciones que contribuyan a la mitigación del sector. La falta de una planificación energética integrada no permite la formulación de una estrategia de alternativas ambientalmente amigables, económicamente factibles y socialmente deseadas, que contengan acciones a corto, mediano y largo plazo.

Educativas-Culturales: Existe una cultura del “no pago” por el uso de la energía eléctrica que aumenta los riesgos de recuperación de la inversión en energías alternativas. Igualmente, existe toda una cultura orientada hacia el uso no racional de la energía, que pone en peligro de fracaso las iniciativas de uso eficiente de la energía. La educación en materia de eficiencia energética y energías renovables no es suficiente en función de las necesidades de la población.

Entre las medidas y políticas para fomentar la mitigación en el sector energético se identificaron las siguientes:

Con relación al sector transporte: Políticas y programas de mejoramiento de la infraestructura vial a los fines de hacer más eficiente el transporte de carga y de pasajeros; políticas de fomento e incentivos para la introducción de nuevas empresas de transporte para incentivar la libre competencia, así como de transporte de carga masivo; formulación de una política nacional e integral del transporte que organice las instituciones, las funciones, las estrategias y modalidades; políticas de sustitución de combustible por combustibles con menor contenido de carbono.

Con relación a las políticas específicas de la generación de energía: Políticas de fomento de sustitución de combustibles fósiles por combustibles renovables o carbono neutrales, que tome en cuenta el aprovechamiento de los recursos renovables (hidro, marea, olas, solar, viento, biogás, biomasa, etc), para garantizar la seguridad energética y lograr el desarrollo sostenible; fomento de la mejora de la eficiencia de la generación hidroeléctrica para el aumento de la vida útil de las estructuras; fomento de la eficiencia energética en la generación, transmisión y consumo de energía, por medio de incentivos.

Con relación a las políticas de uso del suelo: Desarrollo de políticas para incrementar la cobertura vegetal como medida de mitigación, pagos por servicios ambientales, de ordenamiento territorial, entre otras; favoreciendo el acceso a financiamiento específico para la conservación de los parques nacionales; la recuperación de áreas verdes en zonas urbanas; y la reducción de la superficie de cultivo arrocero.

Con respecto a las políticas de impacto en el nivel cultural – humanístico – educación en valores: Propiciar políticas que incentiven la cultura de “pago” para el sector de energía (consumidor pagador) y ajustar el límite mínimo de tarifa preferencial; políticas de fomento de programas educativos sobre la eficiencia energética y el sector en general, desde la infancia, dentro de la educación formal e informal, que contrarreste la cultura del individualismo y fomente “el uso colectivo”; mejoramiento de la transferencia de tecnologías exitosas.

En el nivel Administrativo sería necesario introducir un programa de reforma energética integral que promueva la eficiencia y el uso racional de la energía en todos los sectores de la economía; ampliar la ley de incentivo a las energías renovables para beneficiar también a los usuarios (y no solamente para los generadores de energía) y fortalecer la capacidad institucional del sector energético para poder mejorar el control del cobro y de las leyes que afectan las actividades del Sector.

En el nivel técnico-económico se hizo hincapié en la necesidad de formular políticas de Planificación Territorial para evitar la dispersión de los asentamientos humanos y aumentar la eficiencia de las redes de distribución eléctrica y de transporte; desarrollar reglamentos de construcción que reduzcan el uso de energía en viviendas y edificios y estimulen la arquitectura verde y el uso de energía limpia.

Como otras políticas se mencionaron las siguientes: aplicación de los incentivos de certificación y premiación de industrias energéticamente eficientes; propiciar políticas de desincentivos que penalicen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), bajo el principio de quien contamina paga. Los planteamientos de incentivos o desincentivos pueden ser de carácter fiscal, subsidios a tecnologías determinadas o estímulo a la formación de mercados financieros, y vigilancia de la efectiva aplicación y control de leyes y decretos existentes. Igualmente se destaco la necesidad de incentivos para optimizar el uso del suelo con fines energéticos y de mitigación; los incentivos para la investigación y desarrollo de cultivos con fines energéticos, la difusión de los incentivos existentes para la generación de energía a partir de fuentes renovables o carbono neutrales, la eficiencia energética, etc. y los incentivos para la producción y uso de energías renovables.

Se menciono la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional entre los sectores para incentivar la producción y uso de energías renovables, la bioenergía y la eficiencia energética, para facilitar el acceso a recursos económicos y tecnológicos para la introducción de mejoras en el sector; crear un fondo mixto (público y privado) para dar financiamiento a largo plazo y a baja tasa de interés para proyectos de energías renovables, bioenergía, y eficiencia energética.

En cuanto a los incentivos del sector transporte se mencionaron los siguientes: Programas de incentivos para el consumo de biocombustibles y combustibles con menor contenido de carbono; para la optimización en el uso del vehículo particular y del transporte colectivo; reducción de impuestos en el suministro de equipo y acceso a financiamiento para equipos de conversión de combustibles en vehículos de transporte públicos, particulares y de carga; aumento de impuestos de circulación en función del cilindraje de los vehículos

Con respecto a los incentivos para el sector de generación de energía eléctrica y térmica se destacaron los mecanismos de incentivos a empresas de alta eficiencia energética; mecanismos de reducción de consumo energético en las unidades familiares, y disminución de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica.

Como otros incentivos se mencionaron: programa de becas para la formación de personal especializado en tecnologías renovables y bioenergías, incentivando la transferencia de tecnología y de conocimiento.

SECTOR TURISMO

El sector turismo es el sector más importante y más dinámico de la economía nacional, genera aportes fiscales del 8% al 9% y es el principal generador de divisas del Estado.

El sector turismo y el cambio climático están íntimamente relacionados. El sector contribuye con las causas del cambio climático y es afectado por sus efectos.

Los efectos del cambio climático sobre el sector se pueden observar en 3 ámbitos: los impactos al ambiente natural (que constituye el principal recursos turístico), los impactos a la infraestructura turística (que permite la oferta), y los impactos en las vidas humanas (que generan la demanda). Es imprescindible entonces implementar medidas de adaptación al cambio climático en el sector turismo.

Existe una clara falta de conciencia y educación ciudadana en materia ambiental y respecto al cambio climático. Es por tanto necesario implementar programas educacionales transversales que prevengan actitudes corruptivas, incluyan al medio ambiente, la adaptación del cambio climático, y la prevención de desastres desde la temprana edad.

Los modelos turísticos puestos en marcha en el país son altamente insostenibles, un claro ejemplo es el modelo inmobiliario que viene reemplazando al hotelero y que tiene un sesgo de corto plazo y de irresponsabilidad por parte de los desarrolladores de proyectos. La falta de diversificación promueve la réplica de los mismos modelos de alto impacto, la sobrepoblación de zonas vulnerables. Resulta vital entonces diversificar los modelos de desarrollo turístico hacia modelos sostenibles; y llevar el turismo a lugares con menos riesgo, sin replicar lo ya existente en otras áreas sino incorporando las variables social y ambiental. Para ello se propone mejorar la zonificación, crear estímulos fiscales para promover cambios en el tipo de turismo y mejorar la red vial del país para estimular proyectos turísticos en otras zonas.

Se ha identificado un insuficiente trabajo de planificación del sector turismo, que no toma en cuenta los escenarios futuros bajo el cambio climático ni los impactos del sector al medio ambiente. Se hace necesario mejorar la regulación y sobre todo el cumplimiento de legislación existente, generar una estructura eficaz de supervisión y seguimiento a los lineamientos establecidos en estudios realizados, una mayor fiscalización en el otorgamiento de los permisos, la elaboración e implementación de planes de manejo de desastres, y el fortalecimiento del Sistema de Evaluación Ambiental.

Teniendo en cuenta que el turismo es el sector más importante de economía de Republica Dominica (en términos de contribución al PBI y generación de empleo), es necesario que se incorpore el desarrollo social como parte de sus objetivos. Se propone la integración de los pobladores en la gestión de un turismo sostenible, un mayor fomento del turismo interno y la facilitación del acceso a la tierra por parte de los pobladores locales. Los pocos ejemplos implementados en este sentido, con el Ecoturismo, tanto en Jarabacoa, Samaná, Monte Plata, Barahona y otros lugares, son ejemplos a imitar y multiplicar en el territorio nacional.

El Ordenamiento Territorial es un factor clave. Entre las barreras se identificó la ausencia de registros catastrales claros que llevan a la ubicación de proyectos en zonas vulnerables, así como la necesidad de un plan de ordenamiento territorial y turístico, dentro del cual se destaque el manejo y adecuación de los ecosistemas costeros marinos impactados por el cambio climático. Se debe definir áreas con vocación turística, así como el tipo de inversión necesaria para promover el desarrollo turístico sostenible. Se debe asegurar el cumplimiento de la ley 64-00 sobre protección del borde costero que prohíbe el uso privado y las construcciones en los primeros 60 metros medidos desde la pleamar, y monitorear que se respete el libre acceso público a la playa. Asimismo, se debe adoptar una política de construcción hotelera lejos de las zonas de riesgo de inundación y revisar el ordenamiento territorial para proyectos existentes.

Se debe promover en República Dominicana el compromiso y la responsabilidad empresarial. Se ha identificado como una barrera el afán de lucro desmedido de los empresarios del sector turístico, así como una cultura de explotación y mal manejo de los recursos naturales.

La investigación y la tecnología también jugarán un papel muy importante para lograr tener un turismo sostenible, que considere los impactos ambientales del sector y la afectación que sufrirá por el cambio climático. Se propone establecer políticas de investigación que sirvan de base para las medidas de adaptación al CC, y establecer sinergias entre los ministerios y el sector académico para fomentar la investigación en turismo y cambio climático. Entre las líneas de investigación y desarrollo de tecnología se mencionó: generación de escenarios de cambio climático, implementación de sistemas de alerta temprana, arquitectura y diseño bioclimática y sostenible en la infraestructura hotelera, tecnologías de adaptación como los rompeolas o diques para la protección de corales, implementación de modelos de regeneración de playas, entre otros. Es importante también incluir el enfoque ecosistémico e interdisciplinario dentro de los estudios y la formulación de medidas de adaptación.

Finalmente se identificó la necesidad de financiamiento e incentivos para la implementación de políticas y medidas. Al respecto se hicieron varias propuestas: de establecer un mecanismo para canalizar fondos de los inversionistas ubicados en los polos turísticos, con la finalidad de mejorar la calidad de las aguas en estas zonas; promover el trabajo conjunto de las poblaciones de la cuenca alta con las poblaciones de la cuenca baja en las zonas de influencia de las playas turísticas (se mencionó la existencia del proyecto de Ley General de Agua donde se establecen incentivos para programas de saneamiento, manejo de cuencas y reforestación); destinar una parte del fondo proveniente del impuesto de 5% a los vuelos charter, a la adaptación al cambio climático (como contrapartida para fondos internacionales); crear alianzas estratégicas Estado/Sector Privado/comunidades y ONGs para incentivar acciones para la protección del medio ambiente local en zonas turísticas y que generen fuentes de ingreso para las comunidades; crear un seguro nacional contra desastres; e incorporar el componente ambiental y específicamente de adaptación del sector al cambio climático a la Ley de incentivos al turismo ya existente ( Ley 158-01),aplicada por el CONFOTUR.

SECTOR AGUA:

El cambio climático está produciendo alteraciones significativas en la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano y para las actividades productivas respecto a las condiciones históricas; lo cual exacerba los conflictos por el uso y distribución del recurso.

El incremento en la frecuencia de eventos hidrológicos extremos, donde las sequías y las inundaciones resultan las consecuencias más evidentes y severas, presenta amenazas para la vida y la salud humana, las actividades productivas y la preservación de los ecosistemas.

La disminución de la vulnerabilidad de estas consecuencias puede asociarse al desarrollo de políticas en material legal que contemplen una revisión y adecuación integral del marco regulatorio existente en materia del recurso hídrico, que favorezca el desarrollo de acciones en el marco institucional, político, de investigación, tecnológico y educativo.

En ese contexto, se recomienda la definición de las competencias de las diferentes instancias administrativas que trabajan con el recurso agua y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional de la gestión de las cuencas. Estas deberían formar parte de los Planes de Gestión de los Recursos Hídricos, desarrollándose programas integrales que contemplen, entre otros aspectos, la reforestación, el cultivo en ambientes controlados, la disminución de cultivos con excesivo consumo de agua, el desarrollo de programas de saneamiento integral y el pago por servicios ambientales. Como medida complementaria al nivel de cuenca se plantea la necesidad de incrementar las reservas hídricas superficiales mediante la recuperación de presas existentes y el desarrollo de nuevos aprovechamientos.

Otro aspecto importante en el manejo del recurso vinculado al cambio climático es la implementación de planes para mitigar los impactos de las emergencias hídricas y el mejoramiento del registro, sistematización y difusión de datos vinculados al recurso hídrico permitiendo que los mismos lleguen en forma masiva a la población.

En materia de educación se recomienda la reasignación de recursos financieros que permitan el desarrollo de programas integrales y campañas de educación para la formación de recursos humanos especializados en el manejo y gestión del recurso hídrico. En ese marco, se identificó como aspecto prioritario el desarrollo y fortalecimiento de la conciencia y la educación en materia de cuidado del recurso agua, debiendo incluirse el tema en el sistema de educación formal, y diseñar y llevar a cabo campañas de difusión y formación ambiental.

Respecto de la captación, distribución y consumo de agua, se sugiere desarrollar políticas de investigación que permitan ampliar la disponibilidad de fuentes de abastecimiento, la descentralización del proceso de distribución a fin de favorecer un mejor acceso al recurso, así como la regulación del uso del agua como medida para preservar el recurso en el futuro.

Entre las principales barreras para el desarrollo de estas medidas se ha planteado la existencia de una cultura que favorece el uso inadecuado y abusivo del recurso hídrico, perjudicando la disponibilidad y calidad del agua, tanto superficial como subterránea. Esta barrera cultural se asocia a un bajo nivel de conciencia del valor del agua, así como a una falta de información que conduce al incumplimiento de normas y regulaciones vigentes en materia de extracción y uso del recurso.

Se menciona también la existencia de políticas de control inadecuadas que favorecen el uso irracional del recurso, así como la inexistencia de un marco regulatorio general que controle los sectores de agua potable y saneamiento. Contribuye a este aspecto la falta de una planificación urbana que contemple el abastecimiento de agua y el diseño de los sistemas sanitarios, tal como se manifiesta en Santo Domingo y otras grandes ciudades del país.

La calidad del recurso se ve afectada por la falta de control en el manejo de los desechos sólidos y aguas residuales, tanto industriales como domiciliarias, así como el uso no controlado de pesticidas y plaguicidas en la agricultura. En ese marco se incluye una falta de mantenimiento del la infraestructura existente que favorece las pérdidas y la contaminación por ruptura de tuberías.

En materia de uso del suelo, se destaca como barrera importante la excesiva dependencia económica y alimenticia de cultivos con alta demanda de agua, la falta de fomento de la producción agrícola a través de invernaderos y nuevas tecnologías de uso eficiente del recurso y el uso de técnicas de riego inadecuadas,

En materia institucional se destacó la inexistencia de acuerdos entre instituciones vinculadas al agua, así como la falta de voluntad política para mejorar la calidad del servicio a través de inversiones adecuadas. En el mismo sentido, se señaló la falta de control en la aplicación de leyes y reglamentaciones vigentes, así como la dispersión de roles institucionales vinculados al manejo, control y gestión del recurso.

Finalmente, como medidas de fomento e incentivos para facilitar la aplicación de las medidas de adaptación, se señaló básicamente lo siguiente: Mejorar la difusión de los incentivos que actualmente existen en la materia; transformar los pagos de incentivos por servicios ambientales de proyectos puntuales a programas nacionales; compra y reutilización de desechos a comunidades que vierten los mismos en ríos y cañadas; reducciones fiscales a particulares que lleven a cabo instalaciones de plantas de tratamientos para la reutilización de aguas grises. Igualmente se mencionó la necesidad de otorgar facilidades a aquellas instituciones educativas y de investigación que promuevan programas de optimización en el manejo del recurso agua; promover incentivos a la investigación; incentivos para optimizar e incrementar el uso de tecnologías apropiadas para conservación y aprovechamiento del recurso; penalizar la sobre explotación de las aguas subterráneas y la certificación ecológica del uso racional del recurso.

Finalmente, los participantes expresaron su agradecimiento por la posibilidad de asistir al intercambio de ideas y el debate franco en esta temática, y consideraron conveniente continuar la ejecución del proyecto iniciado con este diálogo, y hacer un seguimiento del mismo en reuniones futuras sobre el tema. Asimismo resaltaron la necesidad de convertir el desafío que plantea cambio climático en una nueva oportunidad de desarrollo.