Desertificación afecta a cinco millones de dominicanos

Unos cinco millones de dominicanos viven afectados, directa o indirectamente, por la desertificación, principalmente en las provincias del Suroeste, el Noroeste y parte del Este del país, según los últimos estudios sobre desertificación en República Dominicana.

“La desertificación es una lucha de contrastes y fenómenos como el cambio climático producen períodos de sequía seguidos de fuertes lluvias que aumentan la vulnerabilidad ante los desastres naturales”

El proceso ha sido analizado ampliamente en la Conferencia Regional de Lucha Contra la Desertificación en Centroamérica y El Caribe, que inauguró en Barahona el secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, junto a las organizaciones que integran el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) y los puntos focales regional de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (CNULD), como parte de la celebración del día mundial dedicado a este tema.

“La desertificación es una lucha de contrastes y fenómenos como el cambio climático producen períodos de sequía seguidos de fuertes lluvias que aumentan la vulnerabilidad ante los desastres naturales”, dijo Fernández Mirabal.

Indicó que la forma de luchar contra esta amenaza al futuro común de Haití y República Dominicana es aumentar la cobertura boscosa, lo que a su vez protege las fuentes de agua para la población. Para esto se hace énfasis en la reforestación de las provincias fronterizas y las comunidades haitianas colindantes, a través de unas 17 brigadas del Plan Nacional Quisqueya Verde, que para el próximo año proyecta emplear a unas 700 personas en las brigadas fronterizas.

“El país necesita una ley que asegure que no menos del 20% de los recursos que genera el uso del agua en las tierras productivas se devuelvan a las cuencas donde nacen los ríos y se inviertan en reforestación”, afirmó a la vez que propuso que los reservorios de agua, como las presas se declaren áreas protegidas.

En la conferencia estuvieron representados Honduras, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Haití, España y Alemania, además de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), la Oficina Nacional de Meteorología, la Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASE), directores provinciales de Medio Ambiente en la región y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

Hans Peter Debelius, director de la GTZ, enfatizó que “las acciones y tareas de lucha contra la desertificación son similares a las que se realizan contra el cambio climático, pero no deben competir sino complementarse”.

“El país necesita una ley que asegure que no menos del 20% de los recursos que genera el uso del agua en las tierras productivas se devuelvan a las cuencas donde nacen los ríos y se inviertan en reforestación”

El proyecto regional de lucha contra la desertificación que la cooperación alemana apoya en Honduras, República Dominicana y Haití termina en las próximas semanas, a finales de junio, pero otras iniciativas continúan en áreas como la cuenca del Artibonito.

Situación en el país

La amenaza de la desertificación, que avanza lenta y silenciosamente, es que se pierda la capacidad de producción agrícola y consecuentemente la calidad de vida de la población.

El 70% del suelo dominicano está afectado por algún grado de degradación, según las cifras del Plan de Acción Nacional (PAN). De ese porcentaje, 30% de las tierras son áridas, que son más frágiles y tienen menos capacidad de resiliencia, que es la capacidad de un ecosistema de recuperarse de desastres.

La desertificación y la sequía son procesos de degradación del suelo que amenazan la producción alimentaria y los recursos naturales. Se producen por variaciones climáticas y actividades humanas, entre las que se destacan la expansión de la frontera agrícola en terrenos forestales, la deforestación, el uso inadecuado de los sistemas de riego, la contaminación del suelo por pesticidas, carga de nitratos en los cuerpos de agua, contaminación del agua por agroquímicos, la agricultura de tumba y quema y la ganadería extensiva.

La degradación de la tierra pone en movimiento un conjunto de eventos naturales, físicos, y socio-económicos con impactos de amplio alcance, tales como inundaciones, sequías, reducción de las fuentes de agua, pérdida de la biodiversidad, cambio en los patrones de precipitaciones, destrucción de los hábitats naturales, reducción de la productividad agrícola y aumento de la vulnerabilidad ante desastres naturales.

De acuerdo con las informaciones de la conferencia, que concluye el 19 de junio, en República Dominicana el riego inadecuado afecta los suelos que proveen el 40% de los alimentos, porque se registra en los principales valles productivos como el de Azua, San Juan de la Maguana, Neyba y las provincias de la Línea Noroeste (Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez). El exceso de agua produce una salinización inducida en los suelos, que es una forma de degradación.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación fue adoptada en París el 17 de junio de 1994, se puso a disposición para su firma en esa ciudad los días 14 y 15 de octubre de 1994. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa días después de materializarse la 50ª ratificación. En marzo de 2002, más de 179 países eran Partes en ella y hoy día, conforman su membresía 193 naciones de los cinco continentes.

El Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) es un órgano de coordinación nacional, que agrupa a más de 40 organizaciones que trabajan con el tema de desertificación, ya sea de forma directa o a través de las organizaciones e instituciones que representan. Ejecuta los trabajos planteados en el marco de la CNULD. Se ha logrado que en la implementación del PAN, se mantenga una amplia participación de las instituciones sectoriales del Gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias de base, el sector privado, las universidades, los gremios, los Gobiernos Locales, los Consejos de Desarrollo y los Consejos de Cuencas.