La aprobación de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, en agosto de 2000, inició una nueva etapa en lo que respecta al manejo y preservación del medio ambiente y los recursos naturales en el territorio de la República Dominicana.

La ley, fruto de un consenso entre el sector público y privado, dio lugar a la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN), máximo organismo rector en la materia.

Áreas Protegidas

Además, definió el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, integrado por 70 unidades de conservación clasificadas en 11 categorías y subcategorías de manejo. Las unidades de conservación protegidas, que abarcan 9,378,20 km2, reúnen muestras representativas de gran parte de los principales ecosistemas del territorio dominicano y más del 90% de las especies reportadas. Posteriormente, en 2004, fue aprobada la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04.

La ley 64-00

La ley 64-00 también estableció una amplia agenda de reformas y de acciones en las que comparten responsabilidades varias secretarías de Estado y los ayuntamientos del país. Instituyó asimismo la elaboración de las estadísticas ambientales, para lo cual se estableció una lista básica de 108 variables. La lista común acordada comprende estadísticas sobre aire, aguas (superficiales y subterráneas), mares y borde costero, tierras/suelos, biota, residuos sólidos, medio ambiente urbano, energía, desastres naturales, agropecuaria, gestión y gasto ambiental, y cinco estadísticas básicas referenciales (población urbana y rural, superficie territorial total, PIB, gasto público e inversión).

Defensa del Medio Ambiente

Además de las instituciones oficiales, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales trabajan activamente por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales dominicanos. Los esfuerzos están también orientados a alcanzar las metas fijadas en el área por los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Acuerdos Internacionales

Una serie de acuerdos internacionales, que incluyen la firma de la Convención de Viena sobre la Capa de Ozono, de 1985, imponen a la administración oficial el apego a múltiples y exigentes normas ambientales en beneficio del país. Otras iniciativas legales están en proceso de redacción y/o aprobación, como la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, enviada al Congreso Nacional .

Problemas Fundamentales

Problemas fundamentales en el sector se derivan de la desaparición de hábitat nativos en Haití; del peligro de extinción que enfrentan al menos el 10% de todas las especies del país; la exposición a peligros de origen natural, tales como los huracanes, las inundaciones y las sequías; la contaminación del aire urbano, resultante principalmente de las emisiones de los vehículos de motor y de la generación de energía eléctrica; y la degradación del ambiente en zonas costeras, entre otros factores.

Enlaces

• El Foro Nacional de Áreas Protegidas