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Organizaciones que estudian el tema estiman que en República
Dominicana viven más de 500,000 inmigrantes haitianos y aproximadamente
otras 500,000 personas nacidas en territorio dominicano, hijas de padres
haitianos. Es una inmigración extremadamente pobre, que en su inmensa
mayoría tiene poco o ningún nivel de escolaridad y a la
que en gran proporción su Estado de origen no ha podido proveer
siquiera de un documento de identidad. De ahí que su estatus en
el país sea desde un primer momento irregular, sin contar con que
una buena parte de este flujo migratorio se produce de manera ilegal.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM)
informan que en el 2002 un haitiano pagaba alrededor de RD$1,500 pesos
a fin de poder cruzar la frontera.
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El 65% de la población de
los bateyes es haitiana.
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Es importante resaltar que las condiciones de extrema pobreza que se
dan en los mismos son compartidas por igual por los dominicanos y haitianos
que en ellos viven. Es una miseria que afecta a todos los jornaleros de
la caña sin distinción de nacionalidad, y que históricamente
obedece a una tradición inaugurada y fijada por inversionistas
extranjeros (en especial capitalistas norteamericanos) que a finales del
siglo XIX y principios del XX comenzaron a utilizar el territorio dominicano
para instalar unidades productivas tipo plantación, sustentadas
en la mano de obra más barata y no calificada posible traída
desde otras Antillas. La pobreza de la economía dominicana en un
primer término y la posterior decadencia de una industria azucarera
que no supo, no pudo o no quiso modernizar sus mecanismos de producción
agravaron posteriormente esta situación.
Debido al declive del azúcar, muchos trabajadores haitianos han
pasado a otras áreas productivas y se encuentran hoy en diversas
plantaciones agrícolas (café, arroz, entre otras), en el
sector informal (venta de frutas, jugos, jardinería) o en la industria
turística; pero sobre todo en la construcción, uno de los
sectores económicos más pujantes desde inicio de la década
de los 90, en el que constituyen aproximadamente el 80% de la fuerza laboral.
República Dominicana es un país en vías de desarrollo
que sufre altos niveles de pobreza y debe afrontar serias tareas respecto
a factores tan cruciales y básicos para el bienestar de su población
como la alimentación, la salud, la seguridad social y la educación.
Precisamente por ello muchos dominicanos han tenido que salir al exterior,
aún a riesgo de su propia vida; de hecho, en la actualidad, las
remesas que estos aportan al país se han convertido en uno de los
principales sostenes de la economía nacional. El país no
puede dar al inmigrante laboral lo que no tiene para sí mismo ni
sus ciudadanos. Pero tampoco posee ni la infraestructura ni los recursos
económicos suficientes para enfrentar y controlar medianamente
el abundante tráfico ilegal de inmigrantes haitianos.
Mientras se busca una salida para los cientos de miles de haitianos indocumentados
(más del 90%), el Estado dominicano ha garantizado el acceso a
la educación primaria y secundaria de los menores y ha llegado
a un acuerdo con la República de Haití para que su embajada
en territorio nacional dote de documentos de identidad a sus ciudadanos.
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